El estado de conmoción en Venezuela es una medida constitucional excepcional que el Ejecutivo puede declarar cuando el país enfrenta situaciones graves que alteran el orden público, la paz social o la estabilidad institucional, y que no pueden ser controladas con los mecanismos ordinarios del Estado.
En términos sencillos, significa que el Gobierno asume facultades extraordinarias para enfrentar una crisis.
¿Qué dice la Constitución venezolana?
La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (artículos 337 al 339) establece los estados de excepción, entre ellos el estado de conmoción interior o conmoción externa.
Puede declararse cuando exista:
Conflicto interno grave
Alteración del orden público
Amenaza a la seguridad de la Nación
Situaciones políticas o sociales extremas
¿Qué permite un estado de conmoción?
Durante un estado de conmoción, el Ejecutivo puede:
Restringir temporalmente ciertos derechos, como reuniones públicas, manifestaciones y tránsito
Movilizar fuerzas militares y policiales
Adoptar medidas económicas y administrativas extraordinarias
Emitir decretos con fuerza especial, sujetos a control constitucional
⚠️ Importante: No todos los derechos pueden suspenderse. Son intangibles:
El derecho a la vida
La prohibición de tortura
El debido proceso
El derecho a la defensa
La prohibición de desapariciones forzadas
¿Quién lo declara y quién lo controla?
Lo declara el Presidente de la República en Consejo de Ministros
Debe ser presentado a la Asamblea Nacional
Está sujeto a revisión del Tribunal Supremo de Justicia
Tiene un plazo limitado y puede ser prorrogado bajo condiciones
¿Qué implica en la práctica?
En la práctica, un estado de conmoción suele traducirse en:
Mayor presencia militar y policial
Limitaciones a protestas y concentraciones
Control de información y medios
Restricciones a la movilidad
En el plano internacional
El derecho internacional, a través del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y la Convención Americana de Derechos Humanos, permite estados de excepción solo si son proporcionales, temporales y estrictamente necesarios.
Cuando estas condiciones no se cumplen, pueden considerarse violaciones a los derechos humanos, sujetas a responsabilidad internacional del Estado.
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