Por:América Pérez
Garantizar electricidad 24 horas al día, sin distinción de sectores, es uno de los mayores avances en términos de calidad de vida, desarrollo y equidad social. La energía eléctrica no es un lujo: es un habilitador del progreso, de la educación, de la salud, de la seguridad y de la economía. Sin embargo, en esa aspiración legítima se ha instalado una paradoja peligrosa: mientras el sistema hace un esfuerzo enorme por sostener un servicio continuo, una parte significativa de los usuarios se resiste a regularizarse y a pagar por la energía que consume.
Esta contradicción no es menor ni abstracta. Tiene consecuencias directas y profundas en la sostenibilidad financiera de las empresas distribuidoras y, por extensión, en las finanzas del Estado. Cada kilovatio que se consume sin ser pagado se traduce en menos recursos para invertir en mantenimiento, expansión de redes, modernización tecnológica y mejora del servicio. El déficit no desaparece: se traslada. Lo asume el Estado vía subsidios, lo paga el contribuyente y, muchas veces, lo termina sufriendo el usuario cumplidor, que ve limitada la capacidad de respuesta del sistema.
La discusión suele caer en una falsa dicotomía: o se apaga el servicio en sectores con altos niveles de impago, o se tolera el fraude como un mal necesario para garantizar la paz social. Ninguna de las dos opciones es sostenible ni justa. Volver a los apagones generalizados como mecanismo de presión no parece ser la mejor respuesta en una sociedad que aspira a desarrollarse. Castiga a todos por igual, incluso a quienes sí cumplen, y profundiza la percepción de retroceso.
A este escenario se suma un factor cada vez más nocivo: el discurso irresponsable de algunas figuras públicas que emiten juicios completamente divorciados de la realidad técnica, legal y financiera del sistema eléctrico. Influencers —o, peor aún, sinverguencers— que, por simpatías políticas o por la simple búsqueda de likes, views y viralidad, desorientan a la población, simplifican un problema complejo y contribuyen a generar caos y desinformación. Desde tribunas mediáticas y redes sociales se promueve la idea de que exigir pago o regularización es un abuso, sin explicar quién asume realmente el costo de esa energía que se consume sin pagar.
Mientras tanto, las empresas distribuidoras de electricidad (EDES) enfrentan una presión adicional: la obligación de atender y normalizar averías en sectores donde, ante cualquier interrupción, se recurre a la protesta violenta, al cierre de vías y a la quema de gomas. En muchos de estos casos, se trata de comunidades con niveles de pérdidas que superan el 70%, donde la cultura de pago es mínima o inexistente. Sin embargo, para evitar la escalada de conflictos sociales, las empresas se ven forzadas a invertir recursos significativos —brigadas, materiales, vehículos, horas hombre— para restablecer el servicio a quienes, en gran proporción, no pagan por la energía que consumen.
Esta realidad plantea una pregunta incómoda pero necesaria: ¿es sostenible un modelo donde se exige servicio continuo, atención inmediata y recursos públicos, sin una corresponsabilidad mínima de parte de los usuarios? Si no se quiere apagar sectores por impago —y todo indica que no es la mejor vía—, entonces la respuesta debe estar en fortalecer la legislación y el régimen de consecuencias frente al fraude eléctrico.
La experiencia internacional es clara. Países como India y El Salvador lograron reducir de manera significativa sus pérdidas eléctricas cuando decidieron enfrentar el problema con leyes más firmes, sanciones reales y una aplicación consistente del marco legal. No se trató solo de castigar, sino de establecer un mensaje inequívoco: la energía es un derecho fundamental, pero su sostenibilidad depende del cumplimiento de deberes.
Un sistema eléctrico viable requiere reglas claras, respeto a la ley y una narrativa pública responsable. La tolerancia al fraude, amplificada por discursos populistas y desinformados, erosiona la institucionalidad, debilita a las empresas y drena recursos del Estado que podrían destinarse a educación, salud o seguridad. Regularizarse y pagar no debería verse como una imposición, sino como un acto de responsabilidad social y de compromiso con el desarrollo del país.
Si aspiramos a luz 24 horas para todos, también debemos aspirar a un modelo donde el fraude no sea normalizado ni justificado. La verdadera justicia no está en permitir que algunos no paguen, sino en garantizar que todos cumplan las reglas y que el Estado tenga la firmeza necesaria para hacerlas valer. Solo así la luz permanente dejará de ser una paradoja y se convertirá en un logro sostenible.
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