Los abogados no defienden delincuentes. Representan personas que, ante la ley, son completamente inocentes hasta que se demuestre lo contrario.
Me motiva escribir estas líneas con el propósito de orientar a millones de personas que condenan a los abogados y los acusan de defender a individuos que supuestamente cometen actos que riñen con la moral y las leyes del país, tales como ladrones, asesinos, violadores, estafadores, abusadores sexuales y otros infractores penales.
En muchas ocasiones, los profesionales del derecho recibimos insultos, acusaciones infundadas e incluso maltrato físico. Todo esto obedece a que numerosos ciudadanos, movidos por la indignación y el legítimo deseo de que se aplique justicia, descargan su furia contra el togado que representa a una de las partes dentro de un proceso judicial.
Los juristas, además de soportar estas acusaciones injustas, también padecen las deficiencias administrativas y la lentitud del sistema judicial, teniendo que enfrentar presiones, reclamos e insultos tanto de la sociedad como de sus propios representados.
Es importante aclarar que el abogado es un profesional del derecho que se limita a ejercer su labor técnica y ética en favor de su representado.
Todo ciudadano tiene el derecho irrenunciable a contar con la asistencia legal de un abogado, y cuando no puede contratar uno de manera privada, el Estado —con los impuestos que pagan los ciudadanos— tiene la obligación de asignarle un defensor público para garantizar un proceso justo.
Todos los ciudadanos gozan del principio de presunción de inocencia, el cual solo se rompe cuando una sentencia firme, con autoridad de cosa juzgada, así lo determina. Para llegar a esa sentencia, las partes deben enfocarse en recabar pruebas suficientes, obtenidas conforme al debido proceso legal y garantizando en todo momento los derechos fundamentales, siendo uno de los más importantes el derecho a una defensa digna, adecuada y bien preparada.
Los abogados, aunque lo quisieran, no pueden “defender delincuentes”. Defienden personas. Y en innumerables ocasiones hemos visto cómo ciudadanos acusados injustamente pasan cuatro o cinco años privados de libertad, para luego demostrarse que no cometieron los hechos que se les imputaban. ¿Quién repara entonces el daño moral, psicológico y físico sufrido por esas personas?
En conclusión, los abogados no defendemos delitos ni delincuentes.
Representamos y orientamos a ciudadanos dentro de los procesos judiciales, velando porque se respeten sus derechos y porque la justicia se aplique de manera sana, objetiva y verdaderamente justa.
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