Editorial: Un nuevo Código Penal para una nueva República Dominicana

 

Este domingo, el presidente Luis Abinader promulgó oficialmente el nuevo Código Penal de la República Dominicana, bajo la Ley 74-25, marcando un punto de inflexión en la historia legislativa del país. Esta nueva normativa, que entrará en vigencia en agosto de 2026, viene a sustituir un cuerpo legal que databa del año 1884 —la antigua Ley 2274—, un anacronismo jurídico que, por más de un siglo, rigió la justicia penal dominicana.

La aprobación y promulgación de esta ley no solo representan una actualización normativa, sino un gesto de madurez institucional. El país necesitaba, con urgencia, un marco penal que respondiera a los desafíos del siglo XXI, en un contexto donde el crimen organizado, los delitos tecnológicos, la violencia de género, el tráfico de personas y los delitos transnacionales han sobrepasado los límites de la legislación decimonónica.

El nuevo código reconoce que la anterior legislación "no respondía eficazmente a las necesidades de prevención, control y represión de las infracciones que se presentan actualmente en la sociedad dominicana y a nivel internacional". Esta afirmación no es retórica: es un diagnóstico realista y una autocrítica tardía pero necesaria.

Con la entrada en vigor programada para dentro de doce meses —un período de vacatio legis que permitirá su difusión e implementación gradual—, se abre un capítulo crucial: la socialización del nuevo código. La tarea ahora recae sobre el Estado, las instituciones judiciales, los colegios profesionales y las universidades, quienes deben garantizar que jueces, fiscales, defensores públicos y abogados litigantes estén debidamente capacitados. Pero, sobre todo, que la ciudadanía comprenda sus derechos y deberes bajo esta nueva ley.

No obstante, sería ingenuo pensar que el simple cambio de un texto legal transforma la realidad de inmediato. La efectividad del nuevo Código Penal dependerá de la voluntad política de aplicarlo sin favoritismos, del fortalecimiento del Ministerio Público y de un sistema judicial libre de influencias indebidas. La ley puede estar escrita con el más alto estándar técnico, pero si no se cumple con equidad y justicia, su legitimidad se erosionará rápidamente.

Este es, sin duda, un paso histórico. Pero no basta con promulgar leyes modernas: hay que aplicarlas con valentía, integridad y visión de futuro. La sociedad dominicana exige y merece un sistema de justicia penal que actúe con firmeza frente al delito, sin perder de vista los principios fundamentales de los derechos humanos.

Que el nuevo Código Penal no sea solo una reforma en el papel, sino una herramienta viva al servicio de una sociedad más justa, más segura y más digna.