Democracia no es a la medida: La hipocresía de sectores liberales frente al nuevo Código Penal dominicano

 

Por: Michael Matos

La reciente promulgación del nuevo Código Penal por el presidente Luis Abinader representa un avance histórico para la justicia y la seguridad en la República Dominicana. Después de más de un siglo con un marco legal anacrónico que databa de 1884, finalmente contamos con una legislación moderna, alineada con los retos contemporáneos y las exigencias de un Estado social y democrático de derecho. Sin embargo, este progreso ha desatado una reacción vehemente y profundamente contradictoria de sectores que se autodenominan liberales y progresistas.

Estos sectores, que se presentan como fervientes defensores de la democracia, la institucionalidad y la independencia de los poderes del Estado, ahora claman porque el presidente desconozca una ley aprobada de manera legítima por el Congreso Nacional, el órgano legislativo elegido por el voto popular. Esta exigencia revela una verdad incómoda: para ellos, la democracia es válida solo cuando les conviene, cuando los resultados políticos se ajustan a sus intereses particulares. Si la voluntad soberana del pueblo expresada en el Congreso no coincide con sus posturas ideológicas, entonces se convierten en los primeros en desconocer las reglas básicas del sistema democrático.

La campaña contra el nuevo Código Penal se ha centrado, de forma engañosa, en la ausencia de la legalización del aborto bajo las tres causales. Ignoran deliberadamente que esta ley representa un avance contundente en la tipificación de nuevos delitos como el feminicidio, el sicariato, el ciberbullying y la violencia económica; la inclusión de figuras penales que responden a los tiempos modernos, como la difusión de deepfakes con fines de chantaje y la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Más aún, endurece las penas, fortalece la lucha contra la corrupción, amplía las medidas de protección para víctimas y reconoce la seguridad ciudadana como una responsabilidad colectiva.

Pretender paralizar la aplicación del Código Penal bajo la excusa de un desacuerdo en un punto específico es una muestra de irresponsabilidad y de una visión reduccionista del interés nacional. La Constitución dominicana contempla mecanismos para corregir y perfeccionar las leyes durante el año de vacatio legis, período que inicia con la promulgación y publicación oficial de la norma. No solo es posible, sino necesario, que la sociedad y los legisladores continúen dialogando y mejorando esta herramienta legal. Pero hacerlo desde la ilegalidad, la desinformación y la manipulación es un atentado contra la democracia misma.

Luis Abinader ha cumplido con su deber constitucional y político: respetar la voluntad del Congreso y dar curso a una ley que fue aprobada por las mayorías legislativas. En tiempos donde la polarización amenaza con desgarrar los tejidos sociales, este acto debería ser celebrado como un paso hacia la modernización y la justicia efectiva. Lo que no puede permitirse es que sectores con agendas particulares se arrogue el derecho de desconocer la ley, exigir que el presidente ignore el Congreso y tratar de imponer una agenda autoritaria disfrazada de derechos.

La democracia no puede ser un juego de suma cero donde solo gana quien impone sus criterios a la fuerza. Debe ser el escenario donde el debate legítimo conviva con el respeto a las instituciones y a la ley. El nuevo Código Penal es una muestra palpable de ese equilibrio necesario, y su promulgación un hito que marca un antes y un después para la República Dominicana.

¡GRACIAS, SEÑOR PRESIDENTE!