EDITORIAL | ¿Puede la Policía apresar a una diputada? La Constitución no puede quedar a merced de la fuerza

Lo ocurrido con Millys Martínez durante unas fiestas patronales en Elías Piña merece una explicación pública y una investigación que determine si se respetaron las garantías constitucionales.

La República Dominicana es un Estado social y democrático de derecho, donde ninguna autoridad puede actuar por encima de la Constitución. Por eso, cualquier intervención policial que involucre a una legisladora debe ejecutarse con estricto apego a la ley, sin importar las diferencias personales, políticas o las circunstancias en que se produzca el incidente.

La actuación atribuida a agentes policiales contra la diputada Millys Martínez, del Partido Revolucionario Moderno (PRM), durante unas fiestas patronales en la provincia Elías Piña, plantea interrogantes que las autoridades deben responder. ¿Qué ocurrió realmente? ¿Cuál fue el motivo de la intervención? ¿Se respetaron las garantías que corresponden a una integrante del Congreso Nacional?

No se puede normalizar ninguna actuación arbitraria de quienes tienen la responsabilidad de proteger a la ciudadanía. El uniforme policial representa autoridad, pero también responsabilidad, disciplina y respeto a los derechos fundamentales. Su uso no puede convertirse en una herramienta de intimidación ni en una justificación para ignorar los procedimientos legales.

El artículo 86 de la Constitución dominicana contempla la inmunidad parlamentaria frente al arresto durante las legislaturas, con excepciones expresamente establecidas, entre ellas la flagrancia delictiva. El artículo 87 regula el alcance de esta prerrogativa. En consecuencia, cualquier detención debe evaluarse a la luz de las circunstancias concretas y del marco constitucional aplicable.

Es necesario dejar algo claro: una diputada no está por encima de la ley, pero tampoco puede ser tratada como si sus garantías constitucionales no existieran. La responsabilidad pública exige rendición de cuentas, tanto de quienes han sido elegidos por el voto popular como de quienes tienen la misión de hacer cumplir la ley.

Las fiestas patronales son espacios de encuentro comunitario, celebración de la cultura y convivencia ciudadana. No deben convertirse en escenarios de confrontación entre representantes públicos y agentes del orden. Si hubo excesos, corresponde investigarlos, identificar responsabilidades y aplicar las medidas que establezca la ley.

Desde esta tribuna editorial, reclamamos una explicación transparente de la Policía Nacional y el esclarecimiento de los hechos. La Cámara de Diputados también debe prestar atención a lo sucedido y determinar si corresponde activar los mecanismos institucionales para proteger las prerrogativas de su integrante.

La democracia se debilita cuando la autoridad se ejerce sin controles y se fortalece cuando las instituciones actúan con prudencia, legalidad y respeto mutuo. Ningún cargo otorga impunidad, pero ninguna posición de poder autoriza el atropello.

La Constitución debe respetarse siempre. La autoridad debe rendir cuentas y la justicia debe actuar sin privilegios ni arbitrariedades.

Editorial de Trazos News | Por el respeto a la ley, la institucionalidad y los derechos ciudadanos.