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| Imagen de Fabian Rojas publicada en Facebook |
Lawrence, Massachusetts.– El alcalde de Lawrence, Brian DePeña, enfrenta actualmente 26 cargos en dos procesos judiciales distintos: 11 a nivel federal y 15 en el ámbito estatal, situación que ha elevado la presión política sobre su administración y generado nuevos cuestionamientos en torno al liderazgo de la ciudad.
Los 11 cargos federales fueron presentados en agosto por un gran jurado federal y están relacionados con presunto fraude electrónico y lavado de dinero. De acuerdo con el Departamento de Justicia de Estados Unidos, DePeña es acusado de haber obtenido fraudulentamente más de 1.5 millones de dólares en préstamos para pequeñas empresas durante la pandemia y de haber utilizado parte de esos recursos para financiar su campaña, pagar impuestos personales y cubrir obligaciones relacionadas con propiedades.
A estos cargos se sumaron el pasado 24 de septiembre otros 15 a nivel estatal. La Fiscalía General de Massachusetts informó que un gran jurado presentó 14 acusaciones por distribución de una comunicación presuntamente interceptada y una por intimidación de testigos.
Según la investigación estatal, DePeña habría solicitado e instalado desde 2023 un sistema privado de seguridad en el área de su oficina en el Ayuntamiento, separado de las cámaras pertenecientes a la ciudad. Las autoridades alegan que, en marzo de 2026, ese sistema registró audio y video de una conversación entre dos empleados municipales, sin que al menos uno de ellos supiera que estaba siendo grabado.
La Fiscalía sostiene además que, después de conocer la existencia de la grabación, DePeña distribuyó copias a 14 personas. También alega que en agosto de este año se produjo un incidente adicional que dio origen al cargo de intimidación de testigos.
Los nuevos cargos han abierto un nuevo capítulo en la discusión política de Lawrence. De hecho, dos concejales de la ciudad dijeron a GBH que esperan que pueda producirse un proceso de recall contra el alcalde, aunque ninguno de ellos había manifestado estar listo para respaldarlo.
En medio de este escenario, la publicación del dirigente comunitario y político Fabián Rojas, titulada “2 casos. 26 cargos. ¿Y ahora qué, Lawrence?”, plantea una reflexión sobre la respuesta de la ciudadanía ante la situación judicial que enfrenta el alcalde.
Rojas sostiene que el escenario ya trasciende el debate político cotidiano y llama a fortalecer la participación cívica, la transparencia y la rendición de cuentas. Su mensaje coloca sobre la mesa una pregunta que comienza a ganar espacio en la conversación pública de Lawrence: ¿cómo debe responder una comunidad cuando su principal autoridad electa enfrenta procesos judiciales de esta magnitud?
El caso también ha generado pronunciamientos de sectores locales. El presidente del Concejo Municipal, Jeovanny Rodrigues, declaró a GBH que la situación resulta preocupante y decepcionante desde la perspectiva de la confianza que los funcionarios electos deben generar en la comunidad, aunque señaló que todavía no había tomado una decisión sobre respaldar un proceso de recall.
Mientras avanzan ambos procesos judiciales, es importante precisar que los cargos constituyen acusaciones y no condenas. DePeña mantiene la presunción de inocencia y corresponde a los tribunales determinar su responsabilidad penal en cada caso. El Departamento de Justicia y la Fiscalía General de Massachusetts han señalado expresamente que las acusaciones deberán ser probadas en los tribunales.
Con 26 cargos acumulados en dos investigaciones distintas, el caso DePeña coloca nuevamente a Lawrence ante un escenario de fuerte debate público. La discusión ya no se limita al ámbito judicial: también alcanza la confianza institucional, el futuro político de la administración municipal y el papel que asumirán los ciudadanos y las organizaciones locales ante la situación.
La pregunta que queda sobre la mesa, como planteó Fabián Rojas, es directa: ¿y ahora qué, Lawrence?
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