Por: Bunel Ramírez Merán*
Me preocupa la forma de actuar de algunos jueces, que en lugar de apegarse al marco legal, deciden conforme a la opinión pública, dejando de lado que los casos en la justicia deben ser tratados bajo el imperio de la ley.
La presión social debe ser respondida con decisiones justas, nunca basadas en abusos o arbitrariedades, porque de ese modo el Estado de derecho y la seguridad jurídica se ven seriamente afectados.
En el caso de los miembros de la Policía Nacional imputados por la muerte de cinco hombres en Santiago, debe primar el respeto al principio de objetividad y encarar a quienes realmente sean autores materiales. Esto no implica que mi criterio, acerca de que no se trata de un acto criminal sino de una actuación policial, haya cambiado.
En realidad, el caso se enmarca en la esfera del mal abordaje de conflictos por parte de los miembros actuantes. Esos policías no salieron a matar, estaban realizando trabajos de seguridad en beneficio del país. No son delincuentes y no deben ser tratados de ese modo.
La sociedad debe esperar el desarrollo de la investigación y luego reclamar o apostar a una correcta administración de justicia, porque los jueces deben ser independientes.
En otro orden, el juez que conocerá la medida de coerción deberá apegar su decisión a criterios objetivos e imponer medidas proporcionales a la participación que se le atribuya a cada imputado, e incluso, prescindir de medidas en el caso de no haber implicación seria en la comisión de la acción.
*Abogado, Político y Comunicador
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