Por: Francisco Campusano
El Estado de derecho no puede ser una garantía que invoquemos únicamente para quienes violan la ley. También debe proteger a millones de dominicanos honestos que cada día salen a trabajar, con la legítima aspiración de regresar sanos y salvos a sus hogares.
La delincuencia ha sembrado el miedo en nuestras calles. Ciudadanos asesinados por un celular, trabajadores despojados de su esfuerzo y familias destruidas por la violencia. Son víctimas cuyos derechos también han sido pisoteados.
Esta realidad ha exigido una respuesta más enérgica de la Policía Nacional, bajo su nueva dirección. El propio presidente Luis Abinader ha exhortado a los delincuentes a entregarse, y las entregas voluntarias registradas representan una señal alentadora.
Los llamados intercambios de disparos han reabierto el debate sobre el derecho a la vida. Ciertamente, toda vida merece protección. Pero ¿quién defiende el derecho a vivir del ciudadano encañonado, de la madre que pierde a su hijo o del comerciante amenazado?
Defender una Policía firme no significa justificar excesos ni actuaciones fuera de la ley. Significa reconocer su deber de proteger a la población y enfrentar la criminalidad con determinación.
El Estado de derecho no puede convertirse en un discurso que olvide a las víctimas. Porque los dominicanos de bien también tenemos derechos. Y entre ellos hay uno irrenunciable: vivir en paz, sin miedo y con tranquilidad.
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