Por Lic. Felix Aguilera M.A
Abogado especialista en Derecho Penal, Técnico Electoral y Criminalística.
El sistema de justicia dominicano enfrenta un desafío histórico que va más allá de la burocracia: la fragilidad en la verificación de la causa probable. Mientras observamos con envidia el rigor del sistema estadounidense en la evaluación inicial de las pruebas, en nuestras salas de audiencia prevalece una práctica preocupante donde los procesos se fundamentan en testimonios de oídas, intuiciones policiales o una "corazonada institucional". El resultado es alarmante: ciudadanos privados de libertad por años, esperando un juicio que, al llegar, se desmorona por falta de sustento probatorio.
Esta problemática se convierte en el "virus del siglo XXI" para la justicia en Latinoamérica. Nos hemos acostumbrado a arrastrar causas durante tres o cuatro años, agotando recursos y tiempo, para descubrir al final que no existen testigos sólidos, ni evidencias con valor probatorio real. Es necesario cuestionar: ¿qué valor tiene un proceso donde el aparato judicial se moviliza únicamente sobre chismes institucionales y expedientes sin pies ni cabeza?
Ahora que la República Dominicana se encuentra inmersa en una etapa de reformas y transiciones, es imperativo elevar el nivel de exigencia. No basta con un control formal de la acusación; necesitamos una etapa intermedia que examine con lupa y minucia cada tesis acusatoria. El juez debe asumir un rol mucho más activo, verificando que la fiscalía realmente cuente con los elementos suficientes para sostener una acusación viable, evitando así que lleguen a juicio casos condenados al fracaso desde su génesis.
El costo de esta negligencia procesal es incalculable, tanto para el ciudadano como para el Estado. ¿Hemos calculado cuánto le cuesta al erario público habilitar una sala de audiencias, pagar salarios de jueces, fiscales y abogados, y mantener a una persona en prisión por un proceso que carece de asidero fáctico o jurídico? Cada proceso "fantasma" es un drenaje innecesario de recursos que deberían estar destinados a fortalecer la verdadera persecución del delito.
Al llegar al juicio oral, público y contradictorio —donde se aplica la técnica esencial del contrainterrogatorio—, el escenario suele ser decepcionante: investigadores que no realizaron su trabajo, documentos sin valor y testigos que no aportan nada al esclarecimiento de los hechos. Esta falta de preparación no es solo un error técnico; es una vulneración directa a la seguridad jurídica de los imputados y una falta de respeto a la sociedad que clama por una justicia eficiente.
Este es un llamado de atención urgente, una crítica nacida desde las entrañas del litigio que espera encontrar eco en esta nueva etapa judicial. Es momento de dejar de llevar a juicio procesados sin pruebas y de abandonar la cultura de la acusación improvisada. La reforma debe garantizarnos que, para cuando un juez sentencie, sea sobre la base de la verdad procesal y no sobre los restos de un expediente construido con ilusiones. Para sugerencias comunicarte al correo inverjurard@gmail.com
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