Crear un partido político en República Dominicana no consiste únicamente en elegir un nombre, diseñar un logo y reunir simpatizantes. Para obtener el reconocimiento legal es necesario cumplir una serie de requisitos establecidos principalmente en la Ley 33-18 de Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos, además de las disposiciones y reglamentos de la Junta Central Electoral (JCE).
La JCE mantiene una Dirección de Partidos Políticos encargada de los procesos relacionados con estas organizaciones y publica los requisitos y documentos correspondientes.
El primer paso: solicitar el reconocimiento
Las personas que pretendan organizar un nuevo partido deben comunicar a la JCE su intención y posteriormente presentar la documentación requerida para obtener el reconocimiento electoral.
La Ley 33-18 establece que los organizadores deben presentar, entre otros documentos, una exposición de los principios, propósitos y lineamientos que sustentará la organización. Estos deben estar de acuerdo con la Constitución y las leyes dominicanas.
También deben presentar los estatutos, donde se establezca cómo funcionará internamente la organización y cuáles serán sus reglas de funcionamiento.
Nombre, lema y símbolos
Otro requisito fundamental es definir la identidad de la organización. La solicitud debe incluir el nombre y lema, además de los dibujos correspondientes al logo, símbolo, emblema o bandera, indicando sus formas y colores.
La legislación establece restricciones para evitar confusiones con otras organizaciones políticas. Por ejemplo, los símbolos tampoco pueden coincidir con el escudo o la bandera nacional ni utilizar determinados nombres relacionados con los Padres de la Patria o los Restauradores.
Estructura dirigencial
La organización en formación debe demostrar que cuenta con una estructura. Para ello tiene que presentar una nómina de sus órganos directivos provisionales, incluyendo el directorio, comité o junta directiva provisional que corresponda según el alcance territorial de la organización.
Esto significa que no basta con tener un grupo de ciudadanos interesados en participar en política: debe existir una estructura organizada y documentada.
Afiliados y presencia territorial
Uno de los aspectos más importantes es demostrar el respaldo ciudadano exigido por la legislación. Para un partido político de alcance nacional, la ley contempla un número mínimo de afiliados equivalente al 2 % de los votos válidos emitidos en las últimas elecciones presidenciales, conforme a las reglas establecidas para el reconocimiento.
Además, la organización debe demostrar la existencia de organismos de dirección en las demarcaciones requeridas por la ley. La JCE verifica la documentación y la información suministrada durante el proceso.
La verificación es un punto crucial. De hecho, la JCE ha rechazado solicitudes de organizaciones políticas que no cumplieron con las formalidades y requisitos establecidos legalmente. En 2023, por ejemplo, informó que rechazó 106 de 111 solicitudes recibidas, mientras reconoció tres partidos y dos movimientos que sí cumplieron los requisitos.
También hay que presentar información financiera
Los promotores deben entregar información relacionada con el presupuesto de ingresos y gastos durante el proceso de organización y reconocimiento, incluyendo los aportes recibidos, sus fuentes y los gastos realizados.
También deben identificarse las personas autorizadas para recibir recursos en nombre de la organización y quienes tendrán responsabilidades relacionadas con la aprobación de desembolsos y manejo de fondos.
La transparencia financiera, por tanto, forma parte del proceso desde la etapa de formación.
¿Cuándo debe solicitarse?
La oportunidad para presentar la solicitud es otro elemento fundamental. La Ley 33-18 establece que las solicitudes de reconocimiento deben ser sometidas a la JCE a más tardar 12 meses antes de la fecha de la próxima elección ordinaria. La JCE debe verificar las informaciones y emitir su decisión dentro del plazo establecido por la legislación.
Esto significa que una organización interesada en participar en unas elecciones no puede esperar hasta los últimos meses para comenzar el proceso.
Después del reconocimiento viene la constitución formal
El reconocimiento de la JCE no significa que termina todo el procedimiento. Una vez otorgado, la organización debe avanzar hacia su constitución formal.
La Ley 33-18 contempla la celebración de una asamblea constitutiva, en la que se aprueban los estatutos y se eligen los órganos directivos definitivos. La legislación establece además un plazo para formalizar las autoridades después de la notificación del reconocimiento.
¿Partido, agrupación o movimiento?
La legislación dominicana distingue entre partidos, agrupaciones y movimientos políticos, y los requisitos pueden variar de acuerdo con su ámbito territorial.
Por esa razón, una persona interesada en formar una organización política debe determinar primero si pretende crear un partido de alcance nacional o una organización con un ámbito territorial más limitado.
Un proceso que exige organización
En definitiva, crear un partido político en República Dominicana requiere mucho más que voluntad política. Se necesita una estructura organizativa, estatutos, principios ideológicos, órganos directivos, afiliados, presencia territorial, identidad política, documentación financiera y el cumplimiento de los procedimientos establecidos por la JCE.
El objetivo de estos requisitos es garantizar que las organizaciones que obtengan reconocimiento electoral tengan una estructura real y representen una expresión organizada de ciudadanos.
Por ello, antes de iniciar el proceso, los promotores deben estudiar cuidadosamente la Ley 33-18, la Ley 20-23 de Régimen Electoral y el reglamento vigente de la JCE sobre reconocimiento de partidos, agrupaciones y movimientos políticos. La propia JCE mantiene publicados estos instrumentos y la documentación correspondiente.
En un país donde los partidos políticos desempeñan un papel fundamental en la democracia representativa, cumplir con estos requisitos constituye el primer paso para convertir una iniciativa ciudadana en una organización política con reconocimiento legal.
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