Comienza la guerra

Por: Alexander Jiménez MGCI

A poco más de un año para la fecha oficial de apertura del proceso de campaña política, establecida por la ley electoral para el 1 de julio de 2027, hoy comienza una guerra que, aunque no se reconoce formalmente como campaña política, sí es utilizada por los actores del escenario nacional como una herramienta de posicionamiento ante la sociedad.

Nos referimos a la guerra de las encuestas, un mecanismo que tradicionalmente ha servido como instrumento persuasivo para vender, a través de números, una percepción de fortaleza política que no siempre coincide con la realidad. Esto ocurre porque existen firmas encuestadoras que adaptan sus resultados en favor de quien financia el estudio, poniendo en duda la objetividad y credibilidad de muchos sondeos.

Históricamente, en nuestro país han existido firmas encuestadoras que han logrado posicionarse como referentes para medir el pulso político nacional, debido a la cercanía de sus proyecciones con los resultados de procesos electorales anteriores. Entre las más reconocidas por la opinión pública se encuentran Gallup, Greenberg, Mark Penn, CID Latinoamérica, Asisa Research y Sigma Dos, cuyos estudios han sido utilizados durante años como referencia dentro del debate político nacional. Sin embargo, también han surgido otras firmas que, lejos de reflejar la realidad, responden más a intereses particulares que al verdadero sentir popular.

En este nuevo escenario preelectoral veremos cómo comenzarán a aparecer estudios, mediciones y estadísticas que intentarán construir narrativas favorables alrededor de determinados proyectos políticos y figuras presidenciales. Algunas buscarán influir en la percepción pública; otras intentarán desmotivar adversarios o provocar el llamado “efecto arrastre” sobre sectores indecisos.

La sociedad dominicana debe aprender a observar las encuestas con sentido crítico, entendiendo que no todas representan la realidad política del país. Al final, la verdadera encuesta será siempre la voluntad popular expresada en las urnas.

Ante esta realidad, la Junta Central Electoral debe asumir un papel más activo y preventivo, creando mecanismos claros y efectivos que eviten el desborde de una campaña política a destiempo, especialmente en los medios de comunicación y plataformas digitales, donde diariamente se promueven figuras y proyectos políticos disfrazados de opinión, mediciones o promoción institucional. Garantizar el respeto a los plazos establecidos por la ley no solo fortalece la democracia, sino que también contribuye a mantener la equidad y la transparencia del proceso electoral.

Porque desde hoy, aunque muchos no lo admitan oficialmente, comienza la guerra política rumbo al 2028.