Arisleyda Villalona plantea que la publicidad estatal debe estar al servicio de la ciudadanía

Por: América Pérez 

Santo Domingo. – La comunicadora Arisleyda Villalona, conocida popularmente como “La Condesa”, afirmó que la publicidad gubernamental es una herramienta legítima y necesaria, siempre que esté orientada a informar y beneficiar directamente a la población, y no a promover figuras políticas o intereses partidarios.

A través de una publicación en su cuenta de X (antes Twitter), Villalona sostuvo que la comunicación institucional financiada con recursos públicos debe cumplir una función de servicio y transparencia hacia la ciudadanía.

“La publicidad estatal no es mala siempre y cuando esté bien dirigida”, expresó la comunicadora al abordar el tema del uso de los fondos públicos destinados a campañas de comunicación gubernamental.

En ese sentido, explicó que la publicidad oficial debe enfocarse en ofrecer información útil sobre derechos, programas, servicios y procedimientos que impacten la vida de las personas, garantizando que la población tenga acceso oportuno a datos de interés público.

“La publicidad gubernamental nunca debe ser destinada a la promoción de un partido político, de un funcionario o de un gobernante. Su objetivo principal debe ser el beneficio directo de la ciudadanía”, señaló.

Villalona destacó que entre los fines legítimos de la comunicación estatal se encuentran la difusión de campañas de salud, educación, prevención, seguridad ciudadana, orientación sobre servicios públicos y la divulgación de información relacionada con trámites y obligaciones de los ciudadanos.

Asimismo, citó como ejemplos la comunicación sobre plazos para el pago de impuestos, renovación de documentos oficiales, convocatorias de empleo público y otros procesos administrativos que requieren conocimiento por parte de la población.

La comunicadora consideró que una publicidad estatal correctamente orientada fortalece la relación entre el Estado y la ciudadanía, promueve la transparencia y contribuye a que las personas ejerzan sus derechos de manera informada.

Sus declaraciones se producen en medio del debate público sobre el uso de los recursos destinados a publicidad gubernamental y los criterios que deben regir la comunicación institucional en una sociedad democrática.