En la República Dominicana, emprender sigue siendo un acto de valentía. Quienes deciden invertir su patrimonio para crear una pequeña o mediana empresa lo hacen movidos por la esperanza de progreso, pero deben enfrentar un entorno que muchas veces se convierte en su mayor obstáculo.
Las MIPYMES representan el 85 % del total de empresas del país, generan alrededor del 62 % del empleo y aportan cerca del 32 % del Producto Interno Bruto (PIB), según datos del Ministerio de Industria y Comercio (MICM, 2024). Sin embargo, la gran mayoría —más del 85 %— opera en la informalidad, lo que las deja fuera de los beneficios fiscales, financieros y legales que podrían ayudarles a consolidarse.
Uno de los principales desafíos es el anticipo tributario, una medida que obliga a las empresas a pagar impuestos por lo que suponen que venderán. Para una MIPYME con ingresos irregulares o estacionales, este mecanismo resulta asfixiante y contrario al tan repetido discurso de apoyo al emprendimiento. En lugar de incentivar, desalienta.
A esta carga se suman los altos costos energéticos. La República Dominicana figura entre los países del Caribe con la electricidad más cara en proporción a la calidad del servicio. Muchas pequeñas empresas deben adquirir plantas, inversores o paneles solares para poder operar con normalidad. Esta realidad resta competitividad y merma la rentabilidad, en especial para los negocios que trabajan con márgenes estrechos.
En el ámbito financiero, aunque la cartera de crédito dirigida a las MIPYMES creció en más de RD$4,000 millones en los últimos años, según datos oficiales, el acceso al crédito sigue siendo limitado y costoso. A menudo, las tasas de interés son más altas y los requisitos más rígidos que los ofrecidos a las grandes corporaciones.
Si el Estado realmente desea fortalecer este sector, debe pasar del discurso a la acción. Es urgente revisar el esquema fiscal y eliminar el anticipo, fomentar la formalización mediante incentivos reales y reducir los costos operativos que afectan la productividad. Además, los subsidios y programas de apoyo deben enfocarse verdaderamente en las pequeñas empresas, y no en las grandes que ya disfrutan de ventajas estructurales.
Las PYMES son el motor que impulsa la economía dominicana. En ellas trabajan millones de dominicanos, sostienen familias y generan riqueza local. Ignorarlas es condenar al país a un crecimiento desigual y frágil.
Como bien dijera el poeta venezolano Alí Primera, “no basta rezar”. En este caso, no basta con prometer apoyo al emprendimiento: hay que demostrarlo con hechos.
Por: Alexander Jiménez / Opinión
Máster en Comercio Internacional – Informático, Emprendedor y Político
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