En los últimos meses, hemos sido testigos del auge de un sistema de cobros informales en el municipio de Santo Domingo Oeste, se ha convertido en una práctica común, pero cuestionable, donde regidores, comunicadores y comunitarios han alzado su voz denunciando irregularidades preocupantes.
Y en otros casos denuncias fuertes sobre Planeamiento Urbano, como el video donde Joan Herrera Presidente del Concejo de Regidores donde dice que esa dirección se maneja con tráfico de influencias, según lo dicho por él.
La pregunta que todos nos hacemos es simple pero clave:
¿Qué está pasando en la Alcaldía de Santo Domingo Oeste?
¿Quién tiene realmente la facultad para cobrar los arbitrios y contribuciones? ¿Bajo qué criterios? ¿Con qué respaldo legal?.
La Ley 176-07 sobre el Distrito Nacional y los Municipios establece claramente que es el Concejo de Regidores el órgano con la facultad para aprobar Uso de suelo según el artículo 52 Literal C y facultad para cobrar arbitrios es dicho departamento, no individuos actuando sin transparencia ni supervisión. Cualquier cobro que se haga fuera de ese marco legal cae en la ilegalidad y en la sombra del clientelismo, la improvisación y, en algunos casos, del tráfico de influencias.
Circula un video donde una persona, supuestamente vinculada al cabildo y dicen algunos que es esposo de una regidora actual aparece suspuestamente cobrando de manera directa a una ciudadana que está construyendo, 0Esto ha desatado el desconcierto entre munícipes y líderes comunitarios que se preguntan:
¿Dónde comienza y dónde termina la responsabilidad de la alcaldía?
Desde este espacio hacemos un llamado firme a las autoridades municipales: la ciudadanía necesita claridad, orientación y respeto.
Es responsabilidad de la alcaldía educar, informar y establecer un protocolo público y accesible para quienes deseen construir una vivienda, abrir un negocio, levantar una plaza comercial, instalar una bomba de combustible o cualquier obra de infraestructura.
Los ciudadanos no deben adivinar cuál es el procedimiento ni mucho menos pagar sin comprobantes a manos ocultas.
Exigimos que se publique:
Un protocolo claro y accesible para procesos de permisos y pagos.
La identificación oficial de las personas autorizadas para cobrar.
La ruta legal que debe seguir un munícipe para regularizar su obra.
La rendición de cuentas sobre los ingresos generados por estos conceptos.
La transparencia no es una opción, es una obligación moral y legal.
Y mientras esta no se cumpla, la desconfianza seguirá creciendo en la ciudadanía.
Porque no es posible construir un municipio justo si los que lo dirigen permiten que el desorden administrativo se vuelva norma.
Nota: No puede Santo Domingo Oeste seré la agenda de todos los medios nacionales cada semana...por Dios.
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